Después del escandaloso informe de un medio de televisión sobre el financiamiento de los partidos políticos desde el 2017, el Partido Devolución presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial de acuerdo a sus competencias constitucionales para que se pronuncie, y esperamos, deje sin efecto la Ley 28904 de Organizaciones política y la Ley 26859 de Elecciones porque principalmente sus fines no se han cumplido.
Hemos realizado básicamente cuatro cuestionamientos: 1) La ley de partidos políticos no cumple sus fines; 2) El financiamiento público a los partidos atenta contra nuestros derechos fundamentales; 3) La no contabilidad de los votos nulos, viciados y blancos nos infra representa a la mayoría de los votantes y 4) Existe un alto costo de la legalidad.
Del primer cuestionamiento, estas organizaciones no cumplen con ser constructores de la democracia, y menos que le den gobernabilidad al sistema político. Cinco presidentes en cinco años es inaceptable para un país que está en vías de desarrollo. No forman, ni educan políticamente a nuevos líderes, sino que han dejado de hacerlo principalmente en las universidades estatales donde agrupaciones terroristas siguen teniendo vigencia a través de sus actividades adoctrinando miles de jóvenes con el marxismo leninismo maoísmo pensamiento Gonzalo. No hay tradición partidaria y finalmente se han convertido en maquinarias de hacer negocios con el alquiler o venta de sus inscripciones en el Jurado Electoral.
En el segundo, el financiamiento estatal lesiona el derecho a elegir libremente a qué organización apoyar económicamente sino que, además, por ley de coste de oportunidad, priva de manera coactiva, de otros servicios que por Ley el gobierno debe proporcionar a los ciudadanos en seguridad, justicia y obra públicas. Con los S/134 millones que hasta ahora ha entregado a las organizaciones políticas desde el 2017 se traduce en menos patrulleros, policías, servicios de justicia, carreteras, veredas, caminos etc. Y lo peor, es que se atribuye al financiamiento estatal como una solución a la corrupción que se da tradicionalmente a los partidos políticos como si realmente estuvieran atacando a las causas del problema. Lo hemos dicho claramente desde nuestra web y redes sociales, y todo lugar donde hemos podido expresar nuestra posición: la corrupción viene del estado porque es un botín donde se ofrecen privilegios a empresas y grupos minoritarios, que una vez que los representantes políticos son elegidos, tienen el poder para devolver los favores que le hicieron al financiar sus campañas políticas. Por eso debemos realizar una profunda reforma política prevista en nuestro Programa de las 5 Reformas Liberales para limitar al gobierno a solo funciones de justicia, seguridad y obras públicas para liquidar toda posibilidad del político de devolver favores. Sin favores a devolver, no hay incentivos a corromper.
En el tercer cuestionamiento se refiere a la ley de elecciones. No se contabiliza los votos nulos, blancos y viciados. Los partidos actuales son expresiones políticas que no tienen una gran representación mayoritaria por culpa de la ley. De esta manera, al ser elegidas se desgastan rápidamente afectando todo el sistema democrático porque no están procesando las expresiones de interés político de la mayoría de la población. En la última elección presidencial, los votos nulos, blancos y viciados ganaron en primera vuelta a todos los partidos políticos con más de 300 mil votos de diferencia respecto del segundo lugar, donde se eligió el actual Presidente Castillo. En número de escaños en el Congreso, los que votaron nulos, blancos y viciados, hubiesen ganado más de 35 espacios vacíos de congresistas. La traducción política correcta es que debe haber nuevas elecciones con nuevos actores que sean representativos.
Y en el último cuestionamiento, la ley de partidos es injusta. Pone en tremenda desventaja a los más pobres del país que desean organizarse. Pero la ley tiene tantas regulaciones, información, requisitos, y autorizaciones, que pretender cumplirla, solo lo puede hacer aquel que tiene dinero y poder económico. Eso pone en posición favorable a los ricos para que puedan elegir a los candidatos de su preferencia política y devolverle favores con leyes para ellos y el resto de peruanos no. Entonces ya la democracia con este “hándicap” está prácticamente liquidándose debilitando a nuestro sistema de partidos.
Todos estos cuestionamientos apuntan a un solo objetivo. Privatizar y fortalecer a los partidos políticos, desestatizándolas, volviéndolas independientes para que puedan competir, organizarse libremente en base a sus propios recursos privados y estructurarse de acuerdo a sus realidades locales para elegir a sus representantes que quieran acceder al Poder Político, en lugar que lo haga un Comisariato Político como son el Jurado Nacional de Elecciones y el Organismo Nacional de Procesos Electorales. Estos dos organismos no han servido hasta ahora a los propósitos de construir una democracia sólida y ser árbitros incuestionables en su credibilidad institucional vista a la luz del último proceso electoral.
Hemos dejado este precedente jurídico en el Poder Judicial para abrir un primer debate de la pertinencia de estas dos leyes para iniciar una verdadera reforma política y seguir en el empeño de la derogación de las leyes malas, al menos por ahora, en el Poder Judicial.
No quisiera dejar de mencionar que los Devolucionarios siempre tendremos como objetivo que el Congreso es el que debe derogar todas las leyes malas una vez que tengamos una mayoría de representantes liberales clásicos de nuestro partido. Pero las herramientas de la democracia también nos permiten accionar judicialmente en casos como estas dos leyes injustas para derogarlas.
