En la arquitectura económica de nuestro país, uno de los cimientos más cuestionados es el sistema de Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Cinco entidades que controlan las esperanzas y los ahorros de más de nueve millones de afiliados, una realidad que se parece demasiado a un oligopolio. ¿No debería la libre competencia ser la regla de oro en el ámbito de las pensiones, igual que en cualquier otro negocio?

Este negocio estatal y privado, sin embargo, no obedece a las leyes de competencia abierta. Se sostiene en la legislación que creó el sistema nacional y privado de pensiones, una ley que, si se derogara, amenazaría con desmoronar el castillo de naipes. Parece que las AFP y ONP temen a la competencia, tanto de otras administradoras locales como de las empresas extranjeras que ansían participar en la gestión de estos importantes fondos.

Es evidente que las AFP y ONP defienden ferozmente el statu quo. ¿Por qué? Porque sostienen que nosotros, la gente común, no sabemos cómo gastar nuestro dinero. Opinan que necesitamos sus habilidades y experiencia para manejar nuestras finanzas. En esta postura parecen encontrar un aliado inesperado en el Ministerio de Economía y Finanzas, que se ha convertido, sorprendentemente, en su principal defensor.

La reciente propuesta de la Comisión de Economía del Congreso para subsidiar el negocio de las AFP y ONP mediante el IGV muestra cuán enraizado está este sistema. La Presidente de la Comisión, Rosangela Barbarán, se atreve a proponer una reforma del sistema de pensiones basada en la solidaridad, argumentando a favor de expropiar fondos privados para sustentar a la ONP mediante la complementación del sistema público y privado.

Las asociaciones de aportantes y exaportantes de AFP, mientras tanto, claman por sus fondos, pidiendo que estos sean de libre disponibilidad. Y, ¿quién puede culparlos? Después de todo, esos fondos son suyos, no de las AFP y ONP.

Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Economía y Finanzas se opone al séptimo retiro de fondos principalmente porque las AFP tienen invertido en bonos del gobierno alrededor de S/ 21 mil millones, dinero que el gobierno simplemente no posee. Es un hecho que las AFP se han convertido en un importante financiador de los gastos del gobierno, a cambio de un pedazo de papel llamado bono.

Proponemos una solución audaz: derogar la ley de creación del sistema privado y público de pensiones. Devolvamos la libertad al mercado de pensiones y permitamos a los trabajadores elegir cómo ahorrar para su jubilación.

Pero esta reforma no puede ser aislada. Debe acompañarse de un marco de reformas liberales en cuatro pilares fundamentales: política, economía, educación y salud. Solo así podremos garantizar un mejor mercado de pensiones, que funcione en beneficio de los aportantes, no de los intermediarios.

Las pensiones son demasiado importantes para ser dejadas en manos de un oligopolio. Es hora de abrir el mercado y permitir que la competencia haga su trabajo.

Es crucial recordar que estamos hablando del futuro de máa de nueve millones de afiliados, cuyos sueños y aspiraciones descansan sobre la promesa de una pensión justa y segura. Sin embargo, si seguimos permitiendo que el mercado de las pensiones sea controlado por un puñado de administradoras y oficina estatal, estaremos fallando a nuestro deber de proporcionar un futuro estable y seguro a nuestros ciudadanos.

Además, debemos reconocer que, en la práctica, las AFP no sólo están financiando los gastos de nuestro gobierno, sino también a gobiernos extranjeros. Al comprar títulos de deuda extranjera, están invirtiendo una fracción importante de los fondos en otras economías, con riesgos asociados que no deben ser ignorados.

Es así que debemos derogar la ley que creó este sistema desequilibrado y abrir el mercado a la competencia. Pero también necesitamos implementar reformas fundamentales en áreas clave que permitirán a los trabajadores mejorar su educación, aumentar sus ingresos y disfrutar de una mejor salud.

Una reforma política que garantice un gobierno más eficiente financiado con un solo impuesto, que trabaje en beneficio de la gente y no en beneficio propio. Una reforma económica que incentive el libre mercado, la inversión y el crecimiento, creando empleos y aumentando los salarios. Una reforma de la educación que ofrezca a todos los ciudadanos las herramientas necesarias para prosperar en la economía moderna de libre mercado. Y una reforma de la salud que garantice un acceso universal y de calidad a los servicios de salud, para que todos puedan disfrutar de una vejez saludable, con los altos ingresos obtenidos del libre mercado.

Finalmente, seamos claros: el dinero aportado a las AFP es de los trabajadores, no de las administradoras y ONP. Por lo tanto, se les debe dar la libertad de decidir cómo y cuándo usar sus fondos. Es su futuro el que está en juego, y son ellos quienes deben tener la última palabra sobre cómo se invierte su dinero.

La reforma de las pensiones es una necesidad urgente. No podemos permitir que un sistema oligopólico siga controlando el futuro de millones de personas. Es hora de actuar, es hora de devolver el poder a la gente y garantizar un futuro de pensiones seguro y justo para todos.