En los tiempos actuales, los héroes y villanos de la política no siempre visten con la capa que los caracteriza. En ocasiones, los supuestos defensores de la democracia pueden resultar ser la kriptonita de este sistema. Un caso emblemático es el del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.

El señor Salas Arenas ha sabido construir una narrativa sobre sí mismo como un abanderado de la democracia peruana, quien batalla contra el Congreso y sus supuestos ataques a la «institucionalidad democrática». No obstante, debemos tener precaución ante tal narrativa, en particular cuando está en juego la integridad de nuestro sistema electoral y la confianza del pueblo en él.

Salas Arenas ha aducido que los intentos del Congreso por someter a los jueces electorales al juicio político equivalen a un ataque a la democracia. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿no sería un acto de responsabilidad cívica establecer mecanismos de rendición de cuentas para aquellas autoridades que ejercen roles de suma importancia en nuestra democracia? ¿O es que la democracia se resiente por la posibilidad de escrutinio, o se resiente por el ocultamiento de actos sesgados y parcializados?

La postura de Salas Arenas durante las pasadas elecciones, donde tuvo un papel determinante en la proclamación de Pedro Castillo como presidente, ha suscitado justificadas sospechas. En lugar de comportarse como un árbitro imparcial, el presidente del JNE pareció tomar partido, contribuyendo a la fragilidad de los resultados y al descontento de una gran porción de la ciudadanía.

Pero la cuestión va más allá de su papel en las elecciones. Salas Arenas parece confundir su papel institucional con su persona, creando una confusión que no solo perjudica su credibilidad, sino que socava la autoridad del organismo que preside.

Como presidente del JNE, su capacidad para proponer derogaciones de leyes de partidos políticos y su financiamiento es bien limitada. Sin embargo, se ha atribuido roles y prerrogativas que exceden sus competencias, generando dudas sobre su respeto a los límites funcionales y constitucionales.

Otro aspecto que merece atención es su relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia presentada por el programa «Beto a Saber», que sugiere que Salas Arenas ha defendido a terroristas a través de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), plantea serias preocupaciones. Tal vez más preocupante es el hecho de que apeló a la CIDH para protegerse, una institución notoriamente sesgada hacia la izquierda, lo que nuevamente pone en duda su imparcialidad y compromiso con la democracia.

Jorge Salas Arenas puede argumentar que los ataques en su contra son «ataques a la institucionalidad misma de la democracia», pero es crucial discernir entre los ataques personales y las críticas justificadas a la gestión de un organismo tan crucial como el JNE.

En definitiva, el manejo de nuestro sistema democrático debe ser transparente, imparcial y digno de confianza. Es tiempo de cuestionar si aquellos que se proclaman héroes de nuestra democracia están a la altura de la capa que se ponen. La democracia peruana merece líderes verdaderamente comprometidos con sus ideales y principios, no falsos héroes con agendas personales.