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Privatización del sub suelo: La solución de los conflictos medio ambientales en Piura

Los conflictos medio ambientales han supuesto una constante problemática en nuestra historia nacional, desde la toma de la Brea y Pariñas con la consecuente estatización de la International Petroleum Company a manos del General Velasco, pasando por el “Baguazo” en el segundo gobierno de Alan García, hasta los actuales episodios violentos entre empresas, comunidades campesinas y el omnipresente Estado peruano; nuestra calurosa región Piura no es ajena a ello.

La empresa minera china, Zijin Mining Group, pretende realizar el proyecto “Rio Blanco” en el territorio de las comunidades de Yanta en Ayabaca, y en Segunda y Cajas en Huancabamba. Sin embargo, las rondas campesinas alegan que esto supone un gran riesgo para los ecosistemas hídricos del páramo y los bosques de neblina que regulan el agua y garantizan la biodiversidad de la cual depende la agricultura, principal actividad económica y de subsistencia de la población. Es más, en el 2007 el 97% de la población voto en contra de la actividad minera en una consulta popular, a pesar de ello, la empresa coludida con la presión estatal sigue insistiendo con el proyecto. Este desacuerdo ha ocasionado un conflicto de mas de 10 años, cuyo lamentable desarrollo tiene en su pesar 10 fallecidos y varios dirigentes denunciados.

Como era de esperarse el Estado peruano ha dejado en evidencia su impertinente accionar, pues este se ha entrometido en la relación entre la empresa minera y la población civil. Ello bajo el amparo del art. 66 de la constitución que otorga los recursos económicos del sub suelo al Estado, y por tanto las mineras negocian con este y no con los habitantes de las zonas en cuestión, quienes se ven ignorados en los contratos empresariales. De manera similar, la ley de comunidades campesinas despoja a los habitantes campesinos del libre desarrollo individual de sus intereses económicos, pues muchas veces se ven sujetos por ley a las decisiones del dirigente comunero, representante de toda la comunidad frente a las mineras y aquel que supuestamente personaliza la voluntad comunal. Muchas veces los lideres comuneros se han visto envueltos en actos de corrupción junto a empresas mineras, lo cual afecta directamente la vida de los habitantes de comunidades reacios a la actividad minera. También la colectivización por ley promueve una serie de atropellos de los dirigentes a los comuneros, y así ha sido en Piura donde incluso ha habido denuncias de secuestro y maltrato por parte de dirigentes a miembros de la comunidad, quienes se justificaron, pues los que están a favor del proyecto Rio Blanco “dañan la voluntad comunal”.

Ante esta crítica situación, es evidente la inmoralidad de mantener este marco legal, al mismo tiempo que es anti económico el que se restrinja la libre empresarialidad de las mineras, al tener que coludirse con el Estado; y el libre desarrollo económico individual de aquellos habitantes de comunidades campesinas que aceptan o no la minería. Entonces, ¿existe alguna solución a tal maliciosa dinámica entre Estado, empresa y personas naturales? Pues sí, y se encuentra en el programa 5 reformas. En él se propone derogar el art. 66 de la constitución, para posteriormente privatizar el subsuelo, y la ley de comunidades campesinas. De esa manera, cualquier persona que encuentre recursos económicos de origen natural donde fuese será propietario de ellos; también, si una empresa minera los encuentra primero, será propietaria y deberá negociar directamente con los habitantes del terreno por encima de ese sub suelo, los cuales decidirán si la minería va o no va. Por último, la ley de comunidades ha de ser derogada para garantizar el libre desarrollo de cada persona, sin estar obligadas a obedecer las directivas de un dirigente y sin estar colectivizadas por la ley; para que, de esa forma y según sus intereses, los habitantes del territorio puedan asociarse libremente para negociar con empresas mineras y de cualquier otro tipo.

Es imperativo accionar frente a esta problemática que ha ocasionado lamentables muertes, y la propuesta cinco reformista se ha puesto al frente de este escabroso asunto, invisible para muchos políticos tradicionales, encaminada a acabar con las fricciones entre comunidades campesinas y mineras, y a garantizar el progreso de ambas partes.

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